La decisión no ha sido tomada bien por algunos círculos del derecho, pero otros creen que es óptimo, pues estimula el estudio así como ética profesional.
En las últimas horas se dio a conocer que la Corte Constitucional ratificó la Ley 1905 de 2018 que tiene como propósito estipular un segundo examen a los estudiantes de derecho para poder obtener su título profesional y su tarjeta para poder ejercer como abogado. Esto quiere decir que en caso de no pasar la prueba, no tendrá oportunidad para graduarse.
La propuesta no tiene otro propósito que prescindir de la ola de ‘abogados’ mal preparados que hay en el país y cuyas diligencias en la mayoría de los casos retrasa procesos. A esto se suma la pésima ética que muchos promulgan, enmarcada en el clientelismo y el oportunismo.
Quienes impulsaron esta iniciativa a mediados del 2018 fueron Angélica Lozano del partido Alianza Verde; Germán Navas Talero del Polo Democrático, así como el senador Carlos Abraham de Cambio Radical y Germán Varón del mismo partido.
En un principio la ley aprobada fue demandada ante la Corte constitucional por una persona, quien alegó en su argumento que era injusto que los ‘futuros’ abogados tenían que hacer el examen. Esto violentaría el derecho a la igualdad de los estudiantes. Así pues, la Corte Constitucional en la Sentencia C-138 básicamente recordó el papel básico de los abogados en la sociedad.
En términos generales, la sentencia afirma que la conducta de los abogados se encuentra enmarcada en “la protección del interés general o común”. Por lo que el ejercicio inadecuado e irresponsable de la profesión va en contra de la efectividad para hacer valor los derechos fundamentales.
Por otra parte la idea es que no se ponga en entredicho la vigencia de los actuales lineamientos constitucionales.
Es así como la Corte estipuló que la norma no va en contracorriente de la constitución, por lo que los nuevos estudiantes de derecho se verán en la obligación de hacer el examen.
Los estudiantes deberán primero llevar a cabo las pruebas Saber Pro que realiza el Icfes, y posteriormente la prueba establecida por la Corte que será elaborada por un Consejo Superior de la Judicatura.
El representante Germán Navas Talero, manifestó en su momento cuando exponía la necesidad de que se estableciera este examen, que la debilidad de Colombia es la pésima preparación de algunos abogados que debilitan el sistema judicial. Esto también amerita una revisión de los planes de estudio de las facultades.
“No olvidemos que jueces y fiscales son abogados también, y muchos de los daños y negligencias que tienen se debe a tremendos vacíos en su formación”, puntualizó Navas Talero.
También te puede interesar: “Dígame las cosas de frente”: por chismes dos guardas de tránsito protagonizaron gresca en plena vía