Tres ríos del Tolima fueron reconocidos sujetos de derecho y le cierran la puerta a la minería

Río de Tolima le cierra puertas a la minería
Foto: ilustrativa

En los últimos días la explotación minera en el país ha sido tema de debate, pues la comunidad pide que se haga un cese a estas prácticas por el bien del medio ambiente.

Este fin de semana, el Tribunal Administrativo del Tolima ordenó frenar la explotación minera en los ríos Cocora, Coello y Combeima. La decisión fue tomada tras el fallo de acción popular interpuesto desde el 2011 por la Personería de Ibagué.

Dicha acción popular buscaba acabar con los derechos mineros que tenían empresas como Anglogold Ashanti, Oro Barracuda y Continental Gold. Además, se expuso el daño que se le estaba causando a la calidad de los ríos y el abastecimiento de agua para el consumo.

De acuerdo con El Tiempo, el personero de Ibagué, Camilo Ossa aseguró que después de haber interpuesto la acción popular, una de estas empresas decidió renunciar a 18 títulos mineros de los 22 que tenía. Sin embargo, aún estaban vigentes esos cuatro.

Finalmente, el Tribunal llegó a la conclusión de que sí hubo vulneración de los derechos de un espacio público libre de contaminación. Adicionalmente, afirmó que los responsables de los perjuicios serían el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Ministerio de Ambiente y las empresas que obtuvieron los permisos.

Medidas de prevención

Por el momento se pidió la suspensión de las licencias para la explotación minera en los ríos antes mencionados. También ordenó que se realizara un estudio para conocer cuál fue el impacto ambiental y cómo ha afectado la salud de los más de 600 mil habitantes que se benefician de este recurso hídrico.

Según Jorge Cardozo, director de Cortolima, el fallo ordenó la creación de una comisión de guardianes que promuevan y busquen la protección de los recursos ambientales. El gobierno, por el momento, será el veedor y tutor legal de los derechos de los ríos.

Por otra parte, en los últimos días el Tribunal Administrativo de Quindío abrió las puertas a la minería en la reserva natural de Salento. Dicha decisión abrió el debate y despertó el rechazo de los colombianos al entregar los recursos naturales, que representan la riqueza del país, a las empresas mineras.

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